AN evalúa medidas para presionar a Trinidad y Tobago por vejaciones a venezolanos
Los diputados de la AN Carlos Valero y Robert Alcalá informaron la detención del dueño de la embarcación Mis Recuerdos, en la que se trasladaban desde las costas de Güiria hacia Trinidad y Tobago al menos 25 personas, de la cuales unas 19 fueron encontradas ahogadas

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) Carlos Valero y Robert Alcalá, aseguraron que el Parlamento evalúa las opciones para ejercer presión el gobierno de Trinidad de Trinidad y Tobago para que responda por las vejaciones y humillaciones que ha ejercido contra venezolanos. Esto luego de que el fin de semana fuesen hallados cadáveres de migrantes venezolanos ahogados en alta mar.

Valero y Alcalá, ambos integrantes de la comisión que investiga la desaparición de venezolanos entre las costas de Güiria, estado Sucre y Trinidad y Tobago y las de Falcón y Curazao, detallaron que hasta ahora la hipótesis que cobra más fuerza es que el peñero identificado como «Mis Recuerdos» zarpó hacia Trinidad, en la isla fue obligado a regresar a Venezuela y en el camino zozobró.

Manifestaron que los maltratos del gobierno Trinitario no pueden quedar impunes. Por lo que también se buscará presionar a la isla caribeña desde la Organización de Estados Americanos (OEA).

«El caso está en desarrollo. Vamos a llevar el punto a la AN, presentaremos un proyecto de ley para presionar a Maduro pero también a Trinidad y Tobago, que se ha dedicado a perseguir y humillar a nuestros connacionales, para que respete los acuerdos  internacionales que ha firmado en el marco de Naciones Unidas y el tratado de refugiados. Continuaremos instando a las víctimas a que acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presenten sus denuncias y pidan medidas cautelares», dijo en rueda de prensa virtual celebrada este 14 de diciembre Carlos Valero.

En tanto, Robert Alcalá enfatizó que el gobierno de la isla caribeña viola el principio de no devolución. Explicó que a veces los venezolanos pasan días detenidos y luego son devueltos en las mismas embarcaciones peñeras, que no cumplen los parámetros para la travesía y sin importarles la hora o si cuentan o no combustible.

Lo que se sabe

El diputado de la AN Carlos Valero alertó que es probable que hayan más personas afectadas. También exigió al régimen de Nicolás Maduro a no politizar el caso.

Por su parte Robert Alcalá señaló que el caso está repleto de cabos sueltos. Relató que hasta ahora se ha podido conocer que el 12 de diciembre una patrullera apareció en Güiria con los cadáveres, pero que el domingo 13 de diciembre en la Salina se encontró el cuerpo de una niña en estado descomposición y en otras playas de Güiria el de una mujer y una adolescente.

«Son 19 los venezolanos que fallecen. Mueren porque estaban huyendo de la crisis humanitaria y de hambre que hay en Venezuela y que tiene responsables», matizó.

Agregó que varios familiares declararon desde Trinidad y Tobago la desaparición de parientes que también habrían zarpado desde Venezuela hacia ese territorio. El grupo de venezolanos descartó en ese momento que algunos de sus parientes fuese alguna de las personas halladas en altamar.

De acuerdo a lo comentado por el parlamentario por el estado Sucre el grupo de personas solicitó una investigación para dar con el paradero de sus familiares. Ante esto Alcalá advirtió que la lista de víctimas fatales o de desaparecidos pudiera aumentar. «Manejamos la información de que ese bote llevaba mas de 25 personas», agregó.

Se pudo conocer que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron al capitán de la embarcación, identificado como Luis Alí Martínez de 56 años de edad y que se le acusa de tráfico ilegal de personas.

Aunque en esa zona existen mafias dedicadas a la trata de personas, ambos parlamentarios tildaron de absurdo que se intente culpar al dueño del bote Mis Recuerdos por todo lo que hasta ahora ha ocurrido en Güiria.  Detalló que varios de los fallecidos eran familiares del propietario del bote.

«Ocurre un fenómeno muy complejo y es que hay muchos venezolanos que tienen años en Trinidad y Tobago y en diciembre o en cualquier momento del año quieren reunificarse con su familia y como tienen allegados con peñeros pueden organizar viajes de este tipo», añadió Valero.

Entre las costas de Venezuela y Trinidad y Tobago

El diputado de la Asamblea Nacional Robert Alcalá recordó que desde hace más de un año y medio se denunció la desaparición de los botes Jhonaily José y Ana María entre las costas de Güiria y Trinidad y Tobago, en los que se le perdió el rastro a 28 y 32 personas, respectivamente. También se refirió a la desaparición de decenas de personas que partieron desde la vela de Coro, Falcón, hacia Curazao.

«Es inexplicable que continúen ocurriendo estos zarpes ilegales. Me sorprenden las declaraciones de la ministra de Interior Carmen Melendez de que están abocados a las investigaciones. Veía al gobernador de Sucre diciendo que se investiga el caso ¿Qué investigan? Si ustedes saben que desde los mismos puertos, donde hay presencia policial, autoridades civiles de forma interdiaria se realizan los zarpes ilegales, con la complicidad de muchos funcionarios civiles», recalcó.

Dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria en el estado Sucre hacia Trinidad y Tobago, con apenas 23 días de diferencia, desaparecieron en el mar sin dejar rastro de 60 personas en 2019. Ha transcurrido un año y medio desde que se esfumó el bote Jhonaily José el 23 de abril y el Ana María el 16 de mayo de 2019, y sus parientes siguen clamando que el Estado venezolano responda con una búsqueda efectiva que les devuelva a los suyos.

Hasta ahora las familias solo escuchan promesas, mientras se acumulan los indicios de una extensa trama de trata de personas entre ambas naciones, con complicidad de funcionarios.

TalCual en alianza con la plataforma periodística latinoamericana Connectas, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalist (ICFJ, por sus siglas en inglés), desarrolló la investigación Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.

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