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Los capturados durante el operativo realizado en el distrito de Lima, Punta Negra, fueron 122 hombres y 9 mujeres de nacionalidad venezolana, quienes además de ser acusados por haber cometido crímenes, también se encontraban ilegales en Perú


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131 venezolanos serán expulsados de Perú por cometer delitos en  las ciudades Lima y Huancayo. Las autoridades de dicho país informaron la noche del pasado martes 27 de enero que los mantendrán vigilados hasta que salgan de territorio peruano.

Según el ministro de Interior de Perú, Carlos Morán, parte de los detenidos se encuentran en un hotel ubicado en la playa Punta Negra, lugar en el que a principios de enero se había desarticulado una banda que presuntamente asesinó a un empresario peruano que iba a viajar a estados unidos.

De cara a ese asesinato, se emprendió un operativo policial en Punta Negra, liderado por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policia Nacional de Perú para hacer un seguimiento a ese grupo. El resultado fue la captura de 102 venezolanos por sus vínculos con la delincuencia.

Otros 29 detenidos están en la ciudad andina Huancayo. A estos últimos se les deporta no solo por estar implicados en hechos delictivos, sino por no cumplir con las reglas migratorias de la nación peruana. De los 131 venezolanos, 122 eran hombres y 9 eran mujeres.

Como consecuencia de las constantes denuncias de casos de violencia de género y delincuencia a los que han sido asociados los venezolanos, el ministro de Interior peruano anunció hace una semana la creación de una brigada policial para investigar y poner fin a los crímenes cometidos por extranjeros en ese país.

Morán indicó que han recibido a la población foránea con los brazos abiertos y con espíritu de fraternidad, pero advirtió que los «delincuentes extranjeros, los venezolanos que han ingresado a delinquir» solo tenían dos opciones, irse del territorio peruano o terminar en la cárcel.

De cara a esa nueva medida de seguridad, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que recalcó que si bien debe mantenerse la lucha contra la inseguridad, la misma debe estar libre de estigmatización y discriminación contra los migrantes.

“No dudamos que la creación de unidades policiales especializadas pueden constituir una medida efectiva en la lucha contra la criminalidad, pero delimitar como propósito de acción a los ciudadanos extranjeros vuelve objeto a estas personas de estereotipos que pueden estigmatizarlos y afectar gravemente sus derechos”, señaló Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Cerca de 860.000 venezolanos se han ido a Perú. Actualmente residen en las ciudades principales como Arequipa, Lima y Trujillo, donde pueden vivir por un año gracias al uso del permiso temporal de permanencia que otorga el gobierno peruano.

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