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El boletín número 156 del PSUV no hace referencia al desfalco de las reservas internacionales de la nación detectado en 2013 ni al endeudamiento de Pdvsa, entre los factores que propiciaron el desplome económico



El Banco Central de Venezuela, que por casi cuatro años no publicó las estadísticas financieras del país, dio a conocer el 28 de mayo de este 2019 los indicadores de la economía venezolana hasta el tercer trimestre de 2018, confirmando la fuerte recesión que atraviesa la nación, cuya producción se redujo en 52,3% del Producto Interno Bruto, especialmente en sectores vitales como la construcción y la manufactura, que experimentaron caídas de 76,9% y 46,1%, respectivamente.

Esta abrupta caída en la producción, que siguió a la merma en las reservas internacionales (que bajaron de $42.000 millones como se encontraron al cierre de 2009 a $20.000 cuando Nicolás Maduro llegó al poder en 2013 y desde ahí hasta los $7.000 millones en que se encuentran actualmente) y al mal resultado de expropiaciones de empresas y tierras productivas, ha propiciado la severa crisis que han experimentado los venezolanos con una fuerte subida y escasez del precio de bienes y servicios, especialmente los de primera necesidad, así como de medicamentos e insumos médicos.

Para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) la debacle económica de Venezuela no se debe al mal accionar de quien administra los recursos de la nación (el gobierno) sino a las protestas impulsadas por la oposición desde la propia elección de Nicolás Maduro en 2013, y a las sanciones que ha impuesto EEUU primero contra funcionarios venezolanos y a partir de 2017 al financiamiento del gobierno chavista.

El boletín número 156 del PSUV abre con un artículo titulado “20 años, datos de una agresión imperialista inhumana”, que acusa a EEUU por el desplome económico de la nación, ocurrido al término de un boom petrolero que significó la mayor cantidad de ingresos económicos en la historia de Venezuela

En el documento se asegura que la agresión imperialista, que ya existía en vida de Hugo Chávez, se intensificó a la muerte de éste con el objetivo de dar al traste con el proceso “revolucionario” que, bajo una nueva gestión (la de Maduro) parecía estar debilitada.

“A partir de ese momento (marzo de 2014), el enemigo se reconfiguró e inició un proceso para derrotar las fuerzas revolucionarias bajo la premisa que sin Hugo Chávez el Chavismo no existiría. Después de ganar las elecciones del 14 de abril de 2014, Nicolás Maduro Moros llamaba a un proceso amplio de dialogo y reconstrucción del país que incluyera a todos los sectores. Sin embargo, el derrotado para entonces, Henrique Capriles Radonski, llamó a ‘descargar la arrechera’ y 11 personas perdieron la vida, aunado a las pérdidas materiales producto de las protestas”, se asegura en el texto mencionado.

Guerra económica

Prosigue el documento señalando que para el año 2013 la cuantificación de pérdidas de la nación se resume en $1.000 millones producto de las protestas y que, adicionalmente, “la desaceleración de nuestra economía, producto del inicio de la modalidad de guerra económica que venía diseñando el imperio norteamericano, representó una reducción del 9,87% del PIB, cuantificado en $61.446 Millones”.

No hay mención alguna en el escrito al desfalco a la nación de más de $20.000 millones que fue denunciada por la entonces (2013) presidenta del BCV Edmeé Betacourt, quien estuvo al frente del instituto emisor apenas por tres meses y fue la primera en declarar que las llamadas “empresas de maletín” se habían llevado una cifra alrededor de la arriba indicada a través de asignaciones hechas por Cadivi (organismo que se encargaba del otorgamiento de divisas) durante 2012. El hecho fue confirmado días después por el entonces diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV Ricardo Sanguino, quien detalló que un contraste entre las liquidaciones hechas por Cadivi y las importaciones que entraron por las aduanas entre 2011 y 2013 dejan una diferencia que asciende a un monto equivalente a las reservas internacionales venezolanas que habían cerrado para la fecha en 20.685 millones de dólares.

En cambio, el documento publicado por el PSUV señala que el decreto emitido en marzo de 2015 por el presidente de EEUU para la época, Barack Obama, en el que se declara a Venezuela como una amenaza “inusual y extraordinaria”, fue el inicio de la caída del PIB venezolano.

“El gobierno de Trump, influido por poderosos lobbies del estado de Florida e intereses mercantiles como los de la petrolera Exxon Mobil, entre otros interesados en ponerle las manos a las inmensas riquezas y recursos de Venezuela, ha escalado la política de hostilidad y ha declarado abiertamente su intención de remover del poder al gobierno legítimo de Venezuela por cualquier método posible”, se señala en el escrito, donde se recuerda que el propio mandatario estadounidense, hace algunos meses, declaró que contra Venezuela “todas las opciones están sobre la mesa”, incluidas un embargo petrolero y una eventual intervención militar.

El PSUV sostiene que EEUU ha definido a Venezuela como un “enemigo hemisférico” y ejecuta contra nuestro país una guerra no declarada. “Una guerra cuyo objetivo es la destrucción del modelo democrático venezolano, la aniquilación del movimiento popular, del liderazgo de la Revolución Bolivariana, y la reapropiación y toma de control de las inmensas riquezas naturales de nuestro país”

No hay una sola alusión al endeudamiento de Pdvsa durante la gestión de Rafael Ramírez (2004-2013) como presidente de la principal industria del país, contratos financieros que se hicieron con el objetivo de incrementar la producción, pero cuyos resultados no se vieron y, en cambio, dieron paso a una reducción en los niveles de barriles producidos por día que, de alrededor de tres millones en 1998, cayeron hasta los 700.000 de la actualidad.

En enero de 2013, el propio Ramírez declaró que la deuda de Pdvsa llegaba a $43.000 millones.

Sanciones

El partido de gobierno resalta que sin haberse llegado a la mitad del período presidencial de la administración Trump, ya se han ejecutado cuatro rondas de sanciones contra Venezuela y que el objetivo general de las mismas es golpear la economía nacional, propiciar un colapso del comercio internacional, bloqueando y obstaculizando las operaciones financieras de Venezuela, impedirle al país acceder a fuentes de financiamiento, y sabotear la compra de alimentos, medicinas y bienes esenciales; todo ello con el fin de propiciar una crisis económica interna que pueda ser utilizada como excusa para acciones desestabilizadoras en el campo político”.

Por una parte, estas afirmaciones se saltan que la escasez  de rubros alimenticios por ejemplo, surgió luego del desfalco de las reservas internacionales porque el Ejecutivo, al no contar con liquidez, cesó de vender divisas al sector privado, instándole a traer dólares desde el extranjero en tiempos cuando la impresión de dinero inorgánico y el decrecimiento del respaldo de la moneda por la caída de las reservas internacionales, hicieron aumentar tanto la inflación como la brecha entre el precio del dólar oficial y el del mercado negro, logrando que se perdiera la confianza en la moneda nacional.

Por otra parte, el documento ignora que, mientras no se vendían divisas a los empresarios venezolanos, el gobierno incrementó la importación de productos, favoreciendo compañías extranjeras y haciendo que empresas nacionales decidieran cerrar operaciones.

Sabotaje político

El documento del PSUV asegura que la estrategia violenta de “calle sin retorno” aplicada por la oposición bajo la directriz de EEUU, significó la muerte de 127 ciudadanos, más de 1.000 heridos y pérdidas superiores a $10.000 millones de dólares entre abril y julio de 2017.

“EEUU no está buscando en Venezuela restituir la democracia como expone demagógicamente en su discurso político. El esquema de la ‘guerra económica’ intenta forzar una situación de caos y violencia que haga ingobernable al país y deslegitime la salida constitucional, democrática y electoral, provocando una rendición del chavismo”, indica el texto divulgado por el partido de gobierno.

Prosigue el documento advirtiendo que a la luz de los terribles efectos que están ocasionando las sanciones a toda la población venezolana, resulta perverso afirmar que el régimen estadounidense se preocupa por el bienestar de los venezolanos

Como argumento, cita que EEUU recurrió al sabotaje del proceso de diálogo en República Dominicana entre gobierno y oposición (2017-2018), pero desestima que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los efectos de la proclamación de tres diputados de la oposición a la Asamblea Nacional (la Constitución establece que los parlamentarios cuentan con inmunidad a partir del momento de su proclamación) y por lo tanto, la oposición no pudo ejercer la mayoría calificada resultante de las elecciones de diciembre de 2015 y que le hubiera permitido nombrar magistrados del TSJ, contralor general de la República y rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), a lo que siguió que el máximo tribunal de la nación declaró en desacato a la AN precisamente por incorporar a los tres diputados suspendidos y con ello la anuló completamente.

Las protestas ocurridas en 2017 se generaron luego que el CNE obedeciera sentencias estatales (siendo el organismo comicial un ente nacional), que ordenaban impedir la recolección de firmas en convocatoria a un referendo revocatorio del mandato del Presidente, y fueron contestadas con una fuerte represión por parte de los organismos de seguridad del Estado. Es decir que tales protestas se hubieran evitado, o no hubieran tenido asidero alguno, si se hubiera cumplido el ordenamiento jurídico.

“Las medidas del presidente Trump y sus aliados internacionales contra Venezuela están provocando dolor y sufrimiento al pueblo venezolano, al tiempo que se presentan como acciones para salvar a Venezuela de las penurias causadas por una supuesta ‘dictadura’”, dice el documento, que omite que una asamblea constituyente que no fue convocada por el pueblo, como establece la Constitución, sino por Maduro, se declara supraconstitucional y plenipotenciaria y ha ordenado adelantar comicios internos y nuevos procesos de legitimación de partidos que dejaron fuera del juego político a las más importantes organizaciones de la oposición. Esto sin contar al levantamiento de la inmunidad parlamentaria de algunos diputados.

El documento concluye alegando que la victoria necesaria del chavismo se logrará con “retornar al enemigo (la oposición) a la escena política, dialogar hasta con el mismísimo diablo por la paz del pueblo y derrotar al imperio donde siempre lo hemos derrotado: en el plano electoral… o en el que nos plantee el combate”.

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